Tiene 16 años y fue detenido durante un procedimiento policial que inició tras un llamado telefónico al 911. Allí una voz al teléfono argumentó un enfrentamiento armado y señaló un domicilio donde presuntamente comercializaban drogas. Esa información generó la rápida llegada de un suboficial de la brigada motorizada junto a una compañera que ya había participado en al menos otros 4 procedimientos previos en el lugar los días previos. La defensa del adolescente sostuvo que el llamado fue un traje a medida para ingresar al domicilio. La jueza, sin entrar en conjeturas respecto al modus operandi del suboficial dijo que el procedimiento no fue filmado ni presenciado por testigos a quienes llamaron luego de que se hiciera el secuestro. Los testigos no sabían de dónde había salido el paquete que luego fue llevado a la comisaría junto a la dueña de casa y el adolescente a quienes además los sentaron junto al paquete secuestrado que tuvieron que tener mientras terminaba el papeleo del procedimiento.
El 21 de julio del 2024, a raíz de un llamado telefónico al 911 se informó sobre un supuesto enfrentamiento armado y un lugar donde vendían estupefacientes. La voz al teléfono señaló una casa ubicada en Rivero al 1200, dijo que había un chico que estaba entregando a una mujer una bolsa con drogas, según el parte policial.
Personal policial llegó hasta la vivienda y detuvieron a Valeria R. y le secuestraron un estuche con 61 envoltorios de pequeñas dosis de cocaína, señalaron al adolescente como la persona que entregó esa droga. Tras una descripción de la vestimenta que tenía el sospechoso, detuvieron al chico en las vías cercanas al domicilio allanado luego de ser perseguido por algunos agentes policiales, dijo la fuente policial.
El caso del chico quedó en la justicia de menores donde se le inició una investigación enmarcada en la ley de narcomenudeo, fue sindicado por entregar, suministrar, aplicar o facilitar a otros estupefacientes a título oneroso.
Los defensores del chico, Agustín Carbone y Rafael Tamous pidieron la invalidez de acta de procedimiento y la inaplicabilidad de las evidencias ya que se ingresó a la propiedad sin orden de allanamiento ni permiso de la moradora, sin filmar el procedimiento y sin testigos que acrediten el ingreso ni el secuestro, quienes firmaron un acta sin haber presenciado los hechos allí descriptos, contaron los letrados.
Sumaron que el personal ingresó minutos después de las 11.11 y recién hicieron la consulta a la fiscal a las 14.38 por lo que transcurrieron más de tres horas con el personal dentro del domicilio. Los defensores plantearon que el llamado al 911 fue un “traje a medida” para que el suboficial que “casualmente” estaba a unas escasas cuadras del lugar llegará primero con una compañera dispuesta a requisar a la mujer que luego terminó detenida, explicaron los defensores.
Los letrados pusieron el foco en el suboficial que pertenece a la motorizada y realizó en el lugar distintos procedimientos desde mitad de año a personas vinculadas a los detenidos, incluso en una oportunidad al adolescente a quién demoró para identificar. Los procedimientos fueron hechos en días impares: 27 de junio en un galpón de calle Rivera, luego participó en otro procedimiento donde detuvo a un pariente del involucrado en el allanamiento anterior, el 15 de julio paró al adolescente y a otra chica para identificarlos, el 19 de julio identificó a otras dos personas en el lugar y el 21 allanó la casa de calle Rivera al 1200.
Aclararon que la brigada motorizada trabaja un día sí y uno no, a lo que sumaron que el suboficial no pertenece a ninguna agencia de investigación ni sección especializada ni en PDI.
En el mismo sentido se expidió la asesora de menores que pidió la nulidad del procedimiento. Finalmente la jueza María del Carmen Musa se expidió en relación al planteo dijo que sin adelantarse en la conjeturas que planteó la defensa en relación al modus operandi de la fuerza policial en pos del supuesto aseguramiento de un provecho, le bastó con la falta de registro fílmico del procedimiento y de testigos para determinar que es imposible llevar adelante la pericia química lo que es prueba fundamental en el caso
“No puede estarse al resultado de la evaluación cuando no puede aseverarse de ningún modo que la sustancia a peritar haya sido efectivamente hallada en el interior de la finca de calle Rivera 1220”, aseguró y agregó que los testigos de procedimiento contaron que fueron convocados y puestos a custodiar el paquete secuestrado que no sabían de dónde salió.
Dijo que deslegitimada la actuación matriz pierde efectividad lo que se desprende de ella y resolvió invalidar el acta de procedimiento policial y sobreseer al adolescente.
