El Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, a carpo de Santiago Martín, dictó ayer una medida cautelar a través de la que ordenó la “inmediata suspensión” del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata. La resolución se enmarca en las presentaciones judiciales de la Casa del Trabajador, del intendente Guillermo Montenegro, y la Organización de Ambientalistas Autoconvocados de la ciudad balnearia que alegaron que faltan estudios de impacto ambiental y que no se dio participación a la población en la decisión. Así, la medida suspende la autorización dada por la Nación a la empresa Equinor SA, la que no podrá empezar las tareas de exploración sísmica hasta que se dicte una sentencia de fondo.
La resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declara “concluida la suspensión de plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental” del proyecto denominado “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114)” y habilita la exploración sísmica a la empresa Equinor, operación en la que también están involucradas las empresas YPF y Shell. Las zonas son las enumeradas Las dos primeras están ubicadas a 307 kilómetros frente a la costa de Mar del Plata, y la CAN 114 a 443 kilómetros.
Los peticionantes invocaron al Acuerdo de Escazú, del que la Argentina es signataria y tiene rango constitucional, que dispone y garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en los países de América Latina y el Caribe firmantes. En esa línea, desde la Casa del Trabajador se explicó que “entre las razones para ordenar la suspensión el juez tuvo en cuenta la falta de participación de la comunidad, la deficiencia del estudio de impacto ambiental y ausencia de consulta al municipio de General Pueyrredón”.
“Ante ello la empresa beneficiaria Equinor Argentina SA no podrá dar inicio a la actividad exploratoria en la forma aprobada por el gobierno nacional hasta tanto no se dicte sentencia definitiva”, explicó la institución ligada al jefe comunal del PRO.
En su fallo, el juez Martín argumentó que la medida se toma “frente a la eventualidad de un perjuicio irreparable derivado de la ejecución de tareas de exploración” y “por resultar aplicable al caso el principio precautorio”.
Ahora el gobierno nacional deberá acatar el fallo o acudir a un tribunal de alzada. Todo parece indicar que apelará, dado el alto interés de YPF en la operación: según trascendió la empresa de mayoría estatal estima que solamente de un área de la cuenca, la CAN 100, se pueden extraer 200 mil barriles de petróleo diarios, una producción equivalente a la que genera la empresa en todos sus pozos. “Esto puede generar un cambio profundo, transformando a Argentina en un país exportador de energía al mundo. Y tenemos la oportunidad de hacerlo ahora”, dijo el titular de YPF, Pablo González.
